Publicada en la edición especial n°190 (junio 2019) .

Regresando en el vuelo Seúl-Frankfurt, de vuelta a mi hogar en Alemania, donde resido temporalmente, tuve la oportunidad de reflexionar acerca de la experiencia de haber presentado los primeros avances de mi gestión como presidente del nuevo Grupo de Trabajo sobre Contratos de Construcción durante la asamblea general de CICA, realizada en Corea del Sur, entre el 19 y 21 de mayo pasado.

CICA es una supra-organización cuyo nombre no dice mucho ni tampoco es fácil de asociar con algún concepto cercano. No obstante, hay dos aspectos que desde mi punto de vista hacen una importante diferencia. El primero es que CICA –que representa el 37% de la industria de la construcción mundial– está compuesta por dos grandes bloques organizados: la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, FIIC, (que representa a todas la Cámaras de la Construcción de Latinoamérica) y los contratistas europeos (FIDIC), más las asociaciones de Corea y Japón. En este escenario, América Latina no solo vota y opina, sino que juega, como nunca antes, un papel central en la definición de las políticas sectoriales del globo.

El segundo aspecto dice relación con Chile. La CChC es una organización relevante a nivel de sus pares latinoamericanos y es, por lo tanto, muy respetada al interior de la FIIC. Por eso, no es de extrañar que Jorge Mas, expresidente del gremio, se haya desempeñado como presidente de CICA (2017 – 2018), en representación de América Latina. Lo anterior se ha traducido en una participación chilena inusitada en un organismo internacional. Actualmente, CICA cuenta con nueve grupos de trabajo, tres de ellos encabezados por profesionales chilenos, entre los cuales me cuento. Lo anterior sitúa a nuestro país, usualmente apartado por condiciones de tamaño o ubicación geográfica, en el centro de la toma de decisiones de una de las industrias de mayor peso a nivel mundial.

¿Existe una ganancia directa en ello? Sin duda. La labor que realizamos en CICA apunta al mejoramiento de los estándares de contratos de construcción a nivel mundial, con foco en FIDIC, el más extendido de ellos, los que recogen las mejores prácticas de la industria.

Sin embargo, es un hecho que estos estándares chocan con la realidad local, en particular en el caso de Latinoamérica, donde en el sector público es la ley la que define el contrato y sus riesgos; en el sector privado, en tanto, el dueño o mandante es quien asigna la mayor parte de los riesgos al contratista, creando una relación desbalanceada desde su origen. Cabe preguntarse, entonces, ¿cuál sería el beneficio concreto de participar en el mejoramiento de estándares que en Chile, salvo en el caso de contratos con financiamiento BID, cuyo uso es obligatorio, no se aplicarán en un futuro cercano?

La respuesta es simple. Esto no se trata de la implementación de un estándar. Se trata, más bien, de la implementación de buenas prácticas. FIDIC, así como otros estándares internacionales, difunden muchas buenas prácticas; y si bien el Ministerio de Obras Públicas no imagina a lo mejor sustituir, por ahora, el DS 75 por el Libro Rojo de FIDIC, el análisis de sus buenas prácticas ha traído como consecuencia que la normativa esté siendo revisada y que hoy, por ejemplo, esté en marcha un plan piloto para incorporar paneles de resolución temprana de controversias en los contratos de obra pública, tal como los contempla la Ley de Concesiones.

Hace 30 años, casi nadie usaba cinturón de seguridad en Chile. Hoy, en cambio, es impensable no hacerlo, resultado de una mayor conciencia y porque rige también una normativa al respecto. El cambio cultural provino de la experiencia internacional. En este caso, la situación es la misma. Por lo anterior, desde la responsabilidad que me ha tocado asumir, veo una oportunidad enorme y al mismo tiempo una importante tarea en difundir, optimizar e implementar lo mejor que la experiencia internacional nos puede ofrecer, a fin de que nuestro país cuente con relaciones contractuales cada vez más seguras, un enfoque colaborativo y una distribución de riesgos mucho más balanceada.

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