Santiago, Chile. – El miércoles 30 de marzo, la Revista Industria Legal publicó su Volumen n° 10, el segundo número de 2022, donde aparece la cuarta contribución editorial de WAGEMANN Abogados & Ingenieros (WYCIA) a cargo del análisis y cobertura jurídica del sector «Infraestructura y proyectos» del país.

Como es habitual, la contribución de la oficina incluye una columna desarrollada por uno de sus abogados, en este caso del socio y director Alex Wagemann, sobre la situación que hoy afecta a los contratistas que operan en Chile –a raíz del alza de los precios de construcción fruto del conflicto bélico en Europa–, quienes están obligados, por contrato, a asumir los vaivenes del mercado y, por ende, los sobrecostos de materiales y retrasos de suministros. De acuerdo al abogado, la actual distribución de riesgos que rige en la industria es no sólo asimétrica sino también anacrónica, proponiendo un conjunto de alternativas técnico-jurídicas con el foco puesto en incentivar una relación más sana y ecuánime entre las partes.

 

Alza mundial de precios en la construcción: ¿qué opciones tienen los proyectos?

Por: Alex Wagemann

En estas últimas semanas, hemos comenzado a vivir una situación que para muchos se encontraba superada. En efecto, parecía que el mundo se encaminaba hacia la estabilización de los mercados, la resolución común de ciertos problemas y la superación conjunta de la pandemia.

Sin embargo, en cuestión de días, el panorama para la industria cambió radicalmente, a raíz de un conflicto bélico en Europa que parecía impensable. Como consecuencia, proveedores de acero turco aumentaron los precios (+30% en enero 2022 según CChC); los suministradores de equipos europeos advirtieron que no podrán cumplir con los plazos por falta de materia prima, y las empresas chinas, por su parte, incrementaron el precio de los repuestos, entre varios otros ejemplos.

Así funciona el mundo globalizado.

Sin embargo, el entendimiento de este fenómeno no es igual para todos. Así, cuando revisamos nuestros contratos de construcción, por ejemplo, resulta que el riesgo del alza de precios de los materiales, así como el retraso de los suministros, sigue siendo de total cargo del contratista.

Lo anterior podría haber funcionado en un esquema donde existía cierta predictibilidad en las condiciones del mercado; no obstante, hoy la situación es distinta.

En efecto, lo que acontece nos llama a reflexionar acerca de la real aplicabilidad de este tipo de cláusulas, que determinan una distribución de riesgos que no va con los tiempos. En efecto, responsabilizar al contratista por los actuales vaivenes del mercado es un pésimo negocio para todas las partes.

Cuando se presenta una condición mundial como ésta, la situación puede contractualmente enfrentarse de tres maneras: primero, flexibilizando las cláusulas hacia un balance más equilibrado de los riesgos; segundo, proponiendo una revisión excepcional de los impactos que sufren los contratistas (como lo hizo recientemente el gobierno español, quien aprobó la compensación de mayores costos en los contratos de obra pública afectados durante 2021 por el alza de al menos cuatro materiales de construcción), o tercero, declarando sencillamente que el riesgo es de estos últimos, pues el contrato así lo determina.

Desafortunadamente, en el mercado chileno prima la tercera opción, sin considerar que, en el mediano plazo, esto será un disparo en el pie.

Esperamos que los mandantes públicos y privados consideren que estamos entrando a una etapa donde será necesaria una mayor apertura a revisar estas disposiciones, como asimismo moderar el optimismo de los contratistas en sus propuestas, pues en ello se juega gran parte del futuro de los proyectos.