Por: Fernando Landeros, socio director, y Héctor Zúñiga, Líder de Estudios y Peritajes.

Existe consenso en la industria de la Ingeniería y Construcción en relación a que los contratos estandarizados, en especial FIDIC y NEC, recogen las mejores prácticas internacionales en materia de asignación y gestión de los riesgos, poniendo como centro el logro de los objetivos del proyecto, cuestión que incrementa la eficiencia de los mismos y facilita la resolución de controversias entre las partes.

Sólo por mencionar algunos atributos; la incorporación de los Dispute Boards (DAB), como parte esencial del mecanismo de resolución de controversias y la exigencia de avisos tempranos (early warnings), permiten que los problemas, muchas veces imprevisibles, sean analizados y resueltos de forma temprana. Esto favorece que las partes puedan alcanzar nuevos acuerdos y minimizar la ocurrencia de daños y demoras que ponen en jaque a las obras.

En Latinoamérica, existen muchos casos de éxito de proyectos ejecutados bajo estas modalidades contractuales. Destacan, a modo de ejemplo, el caso de Costa Rica con el uso de Contratos FIDIC en múltiples proyectos de infraestructura vial, y el de Perú, con el uso de Contratos NEC en Infraestructura educativa, hospitalaria y deportiva, entre otras.

El origen de estas experiencias se relaciona, por una parte, a la fuente de financiamiento, tal es el caso de aquellos proyectos financiados por el Banco Mundial o el BID, que promueven el uso de los contratos FIDIC en los proyectos que apoyan. Por otra, a la importación de know-how, tal como ha ocurrido con el caso peruano, quienes -a través de convenios Gobierno a Gobierno (G2G)- han establecido acuerdos con el Reino Unido para que sean estos últimos quienes gestionen e implementen (mediante contratos NEC) los proyectos públicos que el Perú financia con sus propios recursos. Se trata, en este último caso, de una externalización de las labores de gestión del Estado en materia de infraestructura, aprovechando la tecnología, conocimientos y experiencias de otras naciones.

Cualquiera sea el caso, el uso de estas herramientas no ha llegado a todos los rincones del continente de la misma forma. Tal es el caso de Chile, donde aún no existen proyectos de obra pública que se ejecuten bajo estas modalidades contractuales estandarizadas.

¿Cuál podría ser la razón?

Desde el punto de vista económico, hasta ahora Chile no ha recurrido al financiamiento con Bancos multilaterales. Por el contrario, las dos principales fuentes de financiamiento de los proyectos públicos en Chile provienen del presupuesto nacional o del sector privado mediante contratos de Asociación Público-Privado (APP). En ambos casos, el principal gestor es el Ministerio de Obras Públicas, quien ha desarrollado sus propios modelos contractuales, para lo cual tampoco se ha recurrido a la importación de know-how mediante los G2G, como lo han hecho otros países.

Esto podría mantenerse inmutable, salvo que Chile requiera o desee recurrir al financiamiento multilateral, o bien, que los procesos de modernización del Estado permitan mejorar la gestión de los proyectos públicos (en especial los plazos de ejecución), cambiando los modelos históricos para incorporar experiencias exitosas de otros lugares, los cuales, en general, buscan que los proyectos se ejecuten dentro de los costos y plazos previstos.

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