En condiciones excepcionales como las que estamos viviendo, es necesario disponer de mecanismos flexibles que permitan resolver en tiempo real los problemas urgentes que experimentan los proyectos de construcción en ejecución, buscando un diálogo entre el Estado y el contratista que permita evitar un desencuentro que gatille otras instancias.

Una vez que Chile logre superar la peor etapa de la crisis asociada al Covid-19, es altamente probable que los tribunales deban comenzar a resolver múltiples conflictos a propósito de quién asume los costos de la paralización de obras decretada por el mismo Estado.

Al respecto, es importante tener presente que, de acuerdo con la experiencia comparada, es fundamental disponer de una legislación pública moderna y equilibrada en momentos como éste.

Dentro de las herramientas que se observan en marcos normativos más avanzados, destacan indudablemente los mecanismos de resolución temprana de controversias (MRTC), conocidos en el ámbito internacional como Dispute Boards, una de cuyas funciones es, precisamente, colaborar para lograr el entendimiento que debiese existir entre las partes para hacer frente a situaciones extraordinarias, cuando las cláusulas de los contratos se ven sobrepasadas y donde, por diversas razones, el funcionario público se encuentra literalmente atado de manos.

En este sentido, la Proposición N° 20/2020 de 12 de marzo pasado, en la que el Tribunal de la Libre Competencia recomienda la introducción de los MRTC en el Reglamento de Contratos de Obras Públicas (RCOP), apunta en la dirección correcta. Dicha recomendación va también en línea con el trabajo de un equipo de expertos –liderado por el MOP y en el cual participo–, que se encuentra actualmente diseñando el marco normativo futuro de los MRTC para los contratos de obra pública.

Pensando en el beneficio colectivo y en un proceso de recuperación que avance de manera fluida (consideremos, por ejemplo, el riesgo de detención de los hospitales en construcción, tan necesarios hoy en día), es imperativa la resolución de conflictos sin necesidad de judicializar las obras únicamente por una rigidez innecesaria de las partes, particularmente del Estado.

Por este motivo, la incorporación pronta de los MRTC al marco legal, quizás no tan llamativa como otras medidas, también debiese estar considerada dentro de las iniciativas que el gobierno impulse, evitando así la detención de proyectos de infraestructura esenciales para Chile, especialmente en estos tiempos de incertidumbre.

Alex Wagemann F.

Revise aquí la versión publicada por Diario Financiero (26 de marzo 2020).