Santiago, Chile.- En su edición de diciembre 2022, la revista Negocio & Construcción publicó una columna desarrollada por el socio y fundador de WAGEMANN Abogados & Ingenieros, Alex Wagemann, respecto del impacto en la judicialización de proyectos a nivel mundial, como consecuencia de la coyuntura marcada por el Covid-19 y la invasión rusa a Ucrania.

En este sentido, el abogado explica que “es indudable que la seguidilla de fenómenos excepcionales que han venido transcurriendo desde la declaración del COVID como pandemia a principios de 2020 ha producido un importante impacto en la ejecución de los proyectos de infraestructura pública y privada”.

Asegura, no obstante, que “es esencial diferenciar las causas de las consecuencias: el aumento de los costos de los materiales y las posteriores situaciones de insolvencia en el mundo de la construcción no son el origen sino más bien el resultado de dos grandes eventos que se presentaron de manera continua; el primero fue el COVID y todo lo que implicó en términos de confinamientos masivos y detención de las cadenas logísticas; el segundo es la guerra entre Rusia y Ucrania, que se instaló de forma súbita cuando aún no habíamos terminado de absorber los efectos de la pandemia. Como consecuencia de ello, resulta muy complejo el día de hoy determinar qué parte de los aumentos generalizados de costos obedece a un factor o al otro“.

Al respecto, Alex Wagemann advierte que “se ha producido una situación de daño económico de tal magnitud en el balance económico de algunos contratos, que derechamente los ha tornado impracticables. En tales situaciones, la posición del contratista ha sido que el mandante (público o privado) debe colaborar en esta pérdida compartiendo todo o parte del riesgo; en tanto, la posición de este último ha sido tradicionalmente que este es un riesgo propio del contratista y que, por tanto, debe ser asumido por el mismo independientemente de las consecuencias”.

El abogado manifiesta que “esta posición antagónica ha generado una escalada de conflictos que hoy tienen a la industria de la construcción representando del orden de un 40% del total de la suma de los arbitrajes que llegan a la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Caso similar ocurre con la Cámara de Comercio de Santiago. Lo anterior me lleva a considerar que la actual condición no es sostenible si no se adoptan medidas estructurales y concretas en el corto plazo“.

Concluye en este sentido que “el impacto efectivo de todo lo ya expuesto, además del obvio aumento de costos por las actuales condiciones de mercado, ha sido un importante retraso en los proyectos y una serie de sobrecostos colaterales por la judicialización de los mismos“.