Pugna de intereses en la construcción de hospitales en Chile

Por: Fernando Landeros, socio director de WAGEMANN Consulting.

A medida que Chile ha ido progresando, mayores han sido las regulaciones y estándares de calidad en materia social, medio ambiental y patrimonial, entre otros, que como sociedad hemos acordado exigir a los grandes proyectos de infraestructura -públicos y privados- que se ejecutan en nuestro país, con prescindencia de la fuente de financiamiento.

Para muchos sectores, esto ha sido sinónimo de importantes avances en cuanto al respeto por el entorno y el ambiente donde se implantan y ejecutan los proyectos de construcción, los cuales, por su naturaleza, tienen un importante y evidente impacto en los lugares.

Sin embargo, en grandes proyectos hospitalarios en los que participado como experto en materia de retrasos y demoras tanto en Chile como en varios países de América Latina, he observado cómo el respeto por preservar el patrimonio arqueológico presente en los sitos de intervención pone en jaque la ejecución de los proyectos, incluso al punto de paralizar faenas completas por largos periodos, demorando con ello el funcionamiento y entrada en operación de los mismos, tal como está ocurriendo actualmente en nuestro país, en que al menos ocho centros hospitalarios están con sus obras detenidas a raíz de esto mismo.

Si bien muchas veces se cuenta con estudios previos que pueden anticipar o prevenir la presencia de materia de interés patrimonial en el terreno donde se llevará a cabo la obra de construcción, no es sino hasta cuando se realizan las excavaciones definitivas del proyecto que se encuentran los hallazgos que serán objeto de rescate y tratamiento patrimonial.

Es por esta razón que el impacto real y definitivo (en cuanto a demoras y daños) vinculados a los rescates arqueológicos son muy difíciles de anticipar con precisión en las etapas de estudio o licitación, tanto por parte de los Ministerios que llaman a construir, como por las empresas constructoras que se adjudican las obras.

Sumado a lo anterior, está la agilidad y eficiencia (o la falta de ellas) de la administración pública que regula esta materia, la que definirá los plazos, métodos y procedimientos que se deberán implementar a efectos de preservar el material patrimonial encontrado.

En consecuencia, eventuales demoras en las respuestas del ente regulador del Estado en atender estas necesidades patrimoniales o la definición de soluciones muy complejas en cada obra serán causantes, en mayor o menor grado, de las demoras en la ejecución de los grandes proyectos de infraestructura. Demoras que, por lo demás, no son del interés de las constructoras, ni de los ministerios que mandatan, ni mucho menos de los usuarios.

En efecto, la demora en la entrada en operación de un gran hospital regional, por ejemplo, tiene un elevado impacto y costo social para aquellas personas que no podrán recibir prestaciones en la oportunidad requerida.

Estamos frente a una pugna de intereses. Por una parte, el interés de la sociedad de preservar objetivos de valor patrimonial que dan cuenta de nuestra historia y, por otro, el interés de contar con infraestructura crítica funcionando y operativa en el menor plazo posible.

¿Debiéramos, entonces, priorizar un interés por sobre el otro?

En mi opinión, no. Ambos objetivos son importantes. Lo que se requiere es implementar sistemas de gestión de proyectos que garanticen el cumplimiento de los objetivos que, como sociedad, hemos definido. Esto implica contar con entes reguladores modernos y eficientes que permitan agilizar los tiempos de respuestas y, al mismo tiempo, pensar los proyectos de infraestructura de manera integral, anticipando aquellos problemas que sabemos que tendremos que enfrentar durante su ejecución.

* Columna publicada por The Legal Industry Reviews, Volumen 20 N°1, agosto 2024, Chile.

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